El mes de Mayo viene complicadito para algunos intendentes con mandato cumplido y otro que todavía no asumieron, fiscales solicitaron el inicio de juicios para todos ellos.
Oran: Marcelo Lara Gros
La fiscal penal 3 de Orán, con competencia en Delitos Económicos Complejos, Mónica Viazzi, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, para Marcelo Lara Gros como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) en concurso real con falsedad ideológica.
Para Javier Arnaldo Tartalo, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno, como partícipe necesario de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
Para Sebastián Raúl Gottero, como secretario de Hacienda y Planificación y Jefe de Gabinete; para Luis Eduardo Pintado como Subsecretario de Hacienda; para Claudio Francisco Tosoni García como Gerente de Compras de la Municipalidad como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los dos hechos tienen que ver con el entonces Jefe Comunal que se había ausentado del país el día 17 de ese mes y que recién una semana después, ingresó por la Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, una notificación de que se ausentaría desde el 26 de mayo hasta el 2 de junio incumpliendo lo establecido en el art 75 de la Carta Orgánica de la ciudad Orán ley 6571.
El segundo hecho es la obra de construcción de una rotonda en el acceso Sur de la ciudad, sin informar el monto destinado, ni los procedimientos empleados, al Concejo Deliberante.
Iruya: Alfredo Soto
El Tribunal de Juicio Sala I emitió una cedula de notificación donde dieron a conocer el inicio de audiencias por la causa en la que fue denunciado el ex intendente de Iruya, Alfredo Soto y en la que se encuentra imputado por los delitos de peculado (dos hechos) por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos, mientras que el pasado 10 de mayo se dictó en contra de Soto una medida cautelar de inhibición general de bienes, lo que le prohíbe al ex mandatario gravar o enajenar bienes registrables.
Se fijó la audiencia de debate oral y público ante la esta Sala I del Tribunal de Juicio, para los días 1, 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2.024.
Por la Fiscalía interviene Ana Inés Salinas Odorisio mientras que por la querella de la Municipalidad de Iruya, litiga la abogada Eliana Verchán.
El juicio es porque el acusado, en su calidad de intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000 que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya.
En cuanto al segundo hecho, el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero por un importe total de $ 14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $ 8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $ 5.878.073,43.
Rosario de Lerma: Sergio “Topo” Ramos
la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien requirió juzgar al ahora intendente electo de Rosario de Lerma por considerarlo autor del delito de peculado bienes y servicios.
El pedido alcanza a la concejal rosarina, Natalia del Valle Guerra, en este caso en calidad de partícipe necesaria del mismo delito, abierto a raíz de un accidente registrado el 5 de febrero pasado en Campo Quijano, en pleno carnaval.
La concejal de Rosario de Lerma había colisionado, cuando conducía un vehículo, que se encontraba a cargo de la Cámara de Senadores de Salta, la camioneta Chevrolet que era conducida por Guerra aunque pertenecía a la flota de vehículos del estado provincial y estaba a cargo del senador provincial por el Departamento de Rosario de Lerma Ramos.
